La Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ) participó en una reunión encabezada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile con el Ministerio de Educación, instancia en la que se abordó la creciente exposición de niños, niñas y adolescentes a plataformas digitales de apuestas online que operan sin regulación en el país.
El encuentro fue liderado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y participaron, entre otros, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio; la vicepresidenta, Cecilia Valdés; el director Mark Thiermann y Ángela Carmona, presidenta de la Corporación de Juego Responsable. La reunión tuvo como objetivo analizar los riesgos asociados a este fenómeno, así como explorar posibles líneas de trabajo conjunto desde una perspectiva de prevención, protección de la infancia y salud mental.
En la reunión se presentaron los principales resultados del estudio “Pantallas que atrapan”, investigación impulsada por la ACCJ que analiza los hábitos, percepciones y niveles de exposición de jóvenes a plataformas de apuestas online. El estudio evidencia la exposición temprana a este tipo de contenidos y la ausencia de barreras efectivas de acceso, en un contexto marcado por la falta de regulación del juego digital en Chile.
Desde la ACCJ se enfatizó que la inexistencia de un marco normativo para el juego online limita la capacidad del Estado para establecer políticas preventivas, mecanismos de control de edad y acciones educativas coordinadas, generando riesgos que trascienden el ámbito económico y se instalan como un desafío de política pública.
Asimismo, se destacó la importancia de avanzar en una regulación integral del juego, que permita distinguir con claridad entre la industria formal, sujeta a estrictos estándares de control, fiscalización y juego responsable y un mercado ilegal que hoy opera sin supervisión ni resguardos para los usuarios, especialmente para menores de edad.
La ACCJ reiteró su disposición a colaborar con el Ministerio de Educación y otras instituciones públicas en el diseño de estrategias preventivas, basadas en evidencia, que contribuyan a proteger a niños, niñas y adolescentes, y a fortalecer una política pública coherente frente a los desafíos que plantea el entorno digital.