Durante las últimas semanas, los medios han abordado el fenómeno de las casas de apuestas online desde una perspectiva investigativa y de alerta pública, poniendo el foco no solo en la masividad de su presencia en el fútbol chileno, sino también en la opacidad de su estructura societaria y financiera. En sus páginas relevan la falta de claridad respecto de quiénes están detrás de estas plataformas, sus eventuales vínculos internacionales y la ausencia de regulación efectiva en Chile, subrayando los riesgos que esto implica en términos de transparencia, integridad deportiva, prevención del delito y protección de los consumidores. En general, las notas refuerzan la idea de que el crecimiento del auspicio de casas de apuestas en el deporte profesional se ha dado más rápido que la capacidad del Estado para fiscalizar, abriendo un debate público sobre la urgencia de contar con reglas claras, trazabilidad de capitales y un marco regulatorio que permita distinguir entre actividad legal y operadores que actúan al margen de la ley
De acuerdo con información difundida por T13, la marca Apuestas Royal opera a través de una estructura internacional radicada fuera de Chile, con domicilio en el Caribe y una dirección ejecutiva instalada en Medio Oriente, lo que vuelve a poner en cuestión los estándares de control, fiscalización y responsabilidad que rigen actualmente esta actividad.
Domicilio en Curazao y estructura societaria
Según la documentación publicada en el propio sitio web de la plataforma, el dominio ApuestasRoyal.com es gestionado por la sociedad Bet N Play Solutions B.V., constituida bajo las leyes de Curazao, jurisdicción ampliamente utilizada por la industria del iGaming a nivel global.
La empresa figura con número de registro 163749 y domicilio en Willemstad, Curazao, y declara encontrarse en proceso de solicitud de licencia ante la Curacao Gaming Authority (CGA). No obstante, en sus propios términos y condiciones advierte que la utilización de la plataforma se rige por las leyes del país del usuario, condición que adquiere especial relevancia en el caso chileno, donde no existe autorización legal para operar apuestas online.
Este tipo de estructura, legalmente constituida en el extranjero y orientada a múltiples mercados, no es excepcional en la industria, pero plantea interrogantes relevantes cuando la actividad se desarrolla en países donde el marco regulatorio es inexistente o restrictivo, como ocurre actualmente en Chile.
El rol del CEO y la estrategia de inversión
La figura pública más asociada a Apuestas Royal es Andrés Galperín, empresario de origen venezolano, identificado por medios nacionales como CEO de la compañía y actual residente en Dubái. Galperín ha reconocido que la empresa destinó aproximadamente US$ 3 millones para convertirse en auspiciador de once clubes de Primera División, explicando que dicha estrategia respondió a criterios de costo y cobertura, frente a los elevados valores que implicaba auspiciar individualmente a clubes de mayor convocatoria.
El propio ejecutivo ha señalado que los contratos fueron negociados de manera independiente con cada club y ha descartado vínculos con actividades ilícitas. Sin embargo, la distancia geográfica de la administración, la dispersión jurisdiccional y la falta de regulación local siguen siendo elementos de preocupación para distintos actores institucionales.
Vínculos operativos y señales de alerta
Un elemento adicional que ha generado debate es la aparición, en el sitio web de Apuestas Royal, de logos asociados a entidades de juego venezolanas, como la Lotería de Aragua o la Comisión Nacional de Hipódromos. Si bien no existe información oficial que acredite una relación directa de control o propiedad entre estas instituciones y la empresa que opera la plataforma, su sola mención ha abierto cuestionamientos sobre el alcance real de dichos vínculos y el origen de la marca.
La ausencia de información pública detallada sobre los beneficiarios finales, la cadena de control corporativo y los mecanismos de supervisión refuerza la preocupación por la opacidad estructural con que estas plataformas ingresan al ecosistema deportivo chileno.
Un debate que trasciende al fútbol
La situación de Apuestas Royal no es un caso aislado, sino una expresión concreta de un problema mayor: la expansión de plataformas de apuestas online en un entorno sin regulación efectiva, pese a pronunciamientos judiciales que han calificado su operación como ilegal en Chile.
Mientras el proyecto de ley que busca regular esta industria continúa sin avances sustantivos en el Congreso, el fútbol profesional se financia crecientemente con recursos provenientes de estructuras internacionales radicadas en jurisdicciones de baja exigencia regulatoria, sin estándares claros de protección al consumidor, prevención de la ludopatía, resguardo de menores de edad ni control fiscal.
Una señal de urgencia regulatoria
Desde la Asociación Chilena de Casinos y Juego reiteramos que el debate no es ideológico ni competitivo, sino institucional y de interés público. La evidencia muestra que cuando una actividad económica de alto impacto social opera sin reglas claras, los riesgos se trasladan a los usuarios, al sistema deportivo y al propio Estado.
La transparencia sobre quiénes financian el fútbol chileno, desde dónde operan y bajo qué normas, no es un detalle accesorio, sino una condición mínima para resguardar la integridad del deporte, la fe pública y el Estado de Derecho.
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