A propósito de la columna de Daniel Fernández, titulada “Adicción Digital: ¿Cómo regular?”, publicada por El Mercurio, se refuerza una preocupación que ha ido ganando espacio en el debate público: el rol de las plataformas digitales en la generación de conductas adictivas, especialmente en niños, niñas y adolescentes. La discusión apunta al uso de algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de uso, intensificando la exposición a contenidos y reduciendo las barreras de salida, lo que transforma la adicción digital en un fenómeno estructural más que individual.
El funcionamiento de estos sistemas, basados en métricas de engagement, configura entornos altamente personalizados que privilegian la permanencia del usuario. Este diseño no es neutro: al incentivar la recurrencia y la recompensa inmediata, reproduce dinámicas similares a las observadas en industrias como el juego, aumentando el riesgo de consumo problemático. Esta situación se vuelve especialmente crítica considerando la exposición temprana de menores de edad, muchas veces sin herramientas efectivas de control, supervisión o límites de uso.
En este contexto, las plataformas digitales comienzan a mostrar características comparables a industrias tradicionalmente reguladas, como el tabaco, el alcohol o el propio juego, donde el impacto social del consumo ha justificado restricciones, estándares de protección y mecanismos de prevención. Sin embargo, en el entorno digital estos resguardos aún son incipientes o inexistentes, pese a que los incentivos económicos siguen orientados a maximizar el tiempo de uso.
El caso de las plataformas de apuestas online es particularmente ilustrativo, al combinar lógica algorítmica con incentivos económicos directos, amplificando los riesgos en ausencia de regulación específica. En Chile, si bien existe discusión legislativa en curso, el marco normativo aún no aborda de manera integral estos desafíos, generando un desfase entre la velocidad del desarrollo tecnológico y la capacidad del Estado para establecer reglas claras.
Desde la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, este fenómeno debe entenderse como un problema de política pública que involucra salud mental, protección de la infancia y regulación económica. La evidencia muestra que, sin intervención, los incentivos del mercado tienden a privilegiar el uso intensivo por sobre el bienestar de las personas. Avanzar hacia una regulación moderna no busca limitar la innovación, sino asegurar que se desarrolle bajo estándares de responsabilidad, transparencia y protección, resguardando la confianza pública y el interés general.
