Mientras los tribunales ordenan bloquear plataformas que operan sin autorización, el SII habilita mecanismos para que plataformas extranjeras de apuestas online se inscriban y paguen IVA. Al mismo tiempo, el proyecto que debiera establecer las reglas para el juego online sigue pendiente en el Congreso.
Cuando el Estado entrega señales contradictorias, la incertidumbre gana terreno. Y esa incertidumbre tiene consecuencias.
Chile cuenta con una industria de casinos establecida que invierte, genera empleo, aporta recursos a las regiones y opera bajo autorización, fiscalización, impuestos específicos y exigencias permanentes. Sin embargo, debe competir con una oferta ilegal que avanza sin reglas equivalentes y que, ante ciertas decisiones puede incluso adquirir una preocupante apariencia de normalidad.
No se puede exigir inversión, cumplimiento y certezas al sector regulado mientras las reglas se vuelven inciertas y quienes operan fuera de ellas ganan espacio.
En entrevistas con La Tercera y El Dínamo, expusimos estos puntos e insistiremos que regular las apuestas online es indispensable, pero requiere mucho más que aprobar una ley, requiere que el Ejecutivo asuma la conducción de una política pública que hoy aparece fragmentada entre distintas instituciones.
A ello se suma otra señal: la baja participación registrada en recientes procesos de licitación de casinos abre interrogantes sobre las condiciones que enfrenta una industria regulada que también necesita modernización y certezas para seguir invirtiendo.
Chile necesita una política integral para el juego, coherencia regulatoria y una hoja de ruta clara.
Porque la falta de conducción también tiene un costo. Y mientras el Estado no ordene las reglas, ese costo seguirá recayendo sobre quienes sí las cumplen.
Revisa las notas completas:
- Nota La Tercera – Apuestas online: la discusión sobre cómo regular en Chile un mercado que genera millones y millones
- Nota El Dínamo – “Estamos en el peor de los mundos”: las dudas que deja el fallo que bloquea los casinos online y cómo avanza el proyecto que los regula