Representantes y especialistas de diversos países fueron convocados para analizar el escenario regulatorio de la industria en el continente, a propósito de las medidas impulsadas en Brasil de prohibir las apuestas de cuota fija y los casinos en línea, aún cuando existe una ley vigente que las permite.
La presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), Cecilia Valdés, participó en un reportaje especial de Focus Gaming News, la publicación, que recogió las perspectivas de representantes y especialistas de Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, analizó las implicancias de los cambios regulatorios sobre la certeza jurídica, la inversión, la protección de los usuarios y el desarrollo de los mercados ilegales.
En este contexto, Valdés planteó que uno de los principales desafíos para los Estados es garantizar el cumplimiento de las normas que ellos mismos establecen, independientemente del modelo regulatorio que adopten.
“La diferencia debe trazarse, ante todo, a partir de la ley vigente”, señaló la presidenta ejecutiva de la ACCJ, destacando la importancia de distinguir entre una actividad que opera sin autorización y otra que cuenta con licencias otorgadas por el Estado.
Respecto de la situación chilena, sostuvo que, mientras el juego online no autorizado permanezca fuera del marco legal vigente, corresponde perseguirlo mediante las herramientas disponibles. En tanto, si el legislador decide permitir esta actividad bajo determinadas condiciones, el Estado debe garantizar el cumplimiento de esas reglas y proteger a quienes obtengan legítimamente una licencia.
“Por eso, la discusión no debiera plantearse como una disyuntiva entre ‘combatir el mercado ilegal’ o ‘eliminar una actividad’. La pregunta fundamental es qué establece la ley y cómo se garantiza efectivamente su cumplimiento”, explicó.
Asimismo, Valdés enfatizó que una eventual regulación de las apuestas online debe ir más allá de definir las condiciones de operación y tributación. También debe contemplar mecanismos efectivos de protección de los usuarios, prevención del juego problemático, resguardo de menores de edad, publicidad responsable, trazabilidad de los recursos y prevención del lavado de activos.
Desde esta perspectiva, la discusión regional pone de relieve la necesidad de contar con marcos normativos claros, acompañados de mecanismos de control y fiscalización que permitan enfrentar las actividades ilegales y resguardar la confianza en los sistemas regulados.