La presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), Cecilia Valdés, participó en la presentación del estudio “Por un Chile sin Economía Ilícita”, impulsado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). El documento busca dimensionar este fenómeno en Chile y plantea una agenda concreta de 45 medidas para enfrentarlo.
El informe advierte que las economías ilícitas ya no son un fenómeno acotado o sectorial, sino una amenaza estructural para el desarrollo del país. Según sus estimaciones, estos mercados movilizan más de US$5.700 millones al año y generan pérdidas de recaudación tributaria superiores a US$1.500 millones anuales.
El lanzamiento reunió a representantes de los sectores público, privado y académico para analizar los principales hallazgos del informe y los desafíos que enfrenta el país ante el avance de las economías ilícitas. La actividad fue encabezada por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y contó con la intervención del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Posteriormente, Valdés integró un panel junto al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena; la coordinadora ejecutiva del estudio, Pilar Lizana; y el coordinador penal del Servicio de Impuestos Internos (SII), Gonzalo Mardones. La conversación fue moderada por la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon.
En su intervención, la presidenta de la ACCJ sostuvo que las economías ilícitas afectan directamente al comercio formal. Explicó que las empresas que cumplen sus obligaciones tributarias, laborales y regulatorias y están sujetas a fiscalización deben competir con actores que operan al margen de la ley y eluden esos controles. Añadió que esta situación también expone a los consumidores a productos y servicios sin mecanismos claros de protección o reclamación.
Entre los mercados analizados, el informe identifica a los casinos en línea como el mercado ilícito de mayor valor, con una estimación de US$625 millones anuales. A partir de este hallazgo, Valdés advirtió que la ausencia de un marco legal impide conocer quiénes están detrás de estas plataformas, el origen de sus recursos y la trazabilidad de sus operaciones.
“El juego online es una de las expresiones más relevantes de la economía ilícita en Chile. No se trata solo de un asunto tributario: es una actividad que opera fuera de la ley y sin controles suficientes, genera riesgos para los usuarios y los menores de edad y plantea desafíos para la prevención del lavado de activos. Chile necesita una ley que defina quiénes pueden operar, bajo qué condiciones y con qué fiscalización, proteja a los usuarios y establezca un marco regulatorio coherente para toda la actividad”, afirmó.
Valdés agregó que el Estado debe actuar de manera coordinada y consistente, evitando que medidas administrativas transmitan señales contradictorias respecto de actividades que continúan operando al margen de la ley.
El informe fue elaborado con la participación de 30 gremios, entre ellos la ACCJ, y cerca de 70 expertos y representantes del mundo empresarial. Las 45 medidas se agrupan en tres ejes: comercio ilícito, finanzas ilícitas e ilícitos en materias primas, junto con acciones transversales orientadas a cerrar brechas regulatorias y de fiscalización, fortalecer la capacidad del Estado y reforzar la coordinación público-privada.