Desde la ACCJ insisten en la importancia de tener una ley que entregue un marco regulatorio que permita operar con responsabilidad y así resguardar los intereses del fisco, proteger a menores y evitar una competencia desleal.
El inicio del Campeonato Nacional de Primera División volvió a instalar en la agenda pública una controversia que el sistema político mantiene pendiente: la masiva presencia de casas de apuestas online en el fútbol profesional chileno, pese a que su funcionamiento ha sido declarado ilegal por la Corte Suprema y a que el proyecto de ley que busca regular esta industria continúa estancado en el Congreso.
Según reportes de la prensa nacional, los 16 clubes de Primera División mantienen contratos de auspicio con plataformas de apuestas en línea, destacando el caso de Apuestas Royal, empresa de origen venezolano que patrocina a once equipos del fútbol profesional chileno. Esta situación ha encendido alertas transversales respecto de la ausencia de fiscalización efectiva, los riesgos para menores de edad y la competencia desleal frente a operadores que sí cumplen con la legislación vigente.
Un fallo claro, un incumplimiento evidente
La controversia no se produce en un vacío jurídico. Diversos fallos de la Corte Suprema han establecido que las plataformas de apuestas online no cuentan con autorización legal para operar en Chile, configurándose así un problema de cumplimiento efectivo de la ley más que una ambigüedad normativa.
Desde la Asociación Chilena de Casinos de Juego, la presidenta ejecutiva, Cecilia Valdés ha sido enfática al señalar que la actual situación “expone a los usuarios, especialmente a menores de edad y personas vulnerables, a riesgos que hoy nadie controla”, además de generar un perjuicio fiscal directo al permitir la operación de actores que no pagan impuestos ni están sujetos a estándares de juego responsable .
Riesgos sociales, fiscales y de integridad
Autoridades del Ejecutivo y parlamentarios de distintos sectores políticos han coincidido en advertir que la falta de regulación favorece escenarios de alto riesgo: ludopatía juvenil, ausencia de mecanismos de prevención, opacidad en la identificación de beneficiarios finales y un potencial uso de estas plataformas para lavado de activos.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, advirtió que hoy no existen herramientas normativas eficaces para impedir el acceso de niños, niñas y adolescentes a estas plataformas, ni para garantizar estándares mínimos de protección al consumidor, generándose además una competencia desleal respecto de industrias reguladas como los casinos presenciales, la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería y la hípica.
Un proyecto de ley detenido
El proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea fue aprobado en general por el Senado en agosto de 2025, estableciendo obligaciones como la constitución en Chile, el pago de IVA y un impuesto específico, y la implementación de una Política Nacional de Apuestas Responsables. Sin embargo, la iniciativa permanece detenida en la Comisión de Economía del Senado, sin avances sustantivos desde entonces hasta el término de la legislatura hace algunos días.
Mientras tanto, el fútbol chileno inicia una nueva temporada dependiendo financieramente de una industria que opera fuera del marco legal, profundizando un escenario de desorden regulatorio que erosiona la confianza pública y debilita el Estado de Derecho.
Un llamado a regular con urgencia
Desde la Asociación Chilena de Casinos y Juegos reiteramos que no se trata de oponerse al desarrollo de nuevas industrias, sino de exigir reglas claras, fiscalización efectiva y condiciones de competencia equitativas. La evidencia acumulada exige celeridad y responsabilidad legislativa para cerrar un vacío que hoy afecta al deporte, a los consumidores y a la recaudación fiscal del país.