La presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ) y vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), Cecilia Valdés, participó en el seminario “El Estado ciego: datos, crimen organizado y confianza pública”. El encuentro estuvo centrado en cómo articular información pública y privada para enfrentar las economías ilícitas y fortalecer la prevención.
La actividad contó con la apertura del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Posteriormente, Valdés integró el panel “Datos unificados para enfrentar economías ilícitas”.Posteriormente, Valdés integró el panel “Datos unificados para enfrentar economías ilícitas”, junto al alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y la subdirectora jurídica del Servicio de Impuestos Internos, Bárbara Olivares. La conversación fue moderada por la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon.
En su intervención, la presidenta de la ACCJ sostuvo que uno de los principales desafíos para enfrentar las economías ilícitas no está en la falta de información, sino en la capacidad de gestionarla y transformarla en acciones oportunas.
Explicó que hoy existen múltiples fuentes de datos y antecedentes. Sin embargo, persisten dificultades para coordinar a las distintas instituciones que intervienen en la fiscalización y persecución de estas actividades.
Economías ilícitas y desafíos para la industria de casinos
Valdés advirtió además que estas actividades han alcanzado mayores niveles de organización y sofisticación, apoyadas en cadenas logísticas y estructuras capaces de adaptarse con rapidez. En el caso de los casinos, señaló que el juego ilegal no se limita a operaciones aisladas o de pequeña escala, sino que también comprende salas de juego de gran tamaño que funcionan fuera del sistema regulado.
A ello se suma, indicó, la expansión de las plataformas de apuestas online que operan fuera del marco regulatorio que rige a los casinos autorizados. Frente a este escenario, planteó que los operadores regulados deben cumplir obligaciones tributarias, laborales y sectoriales, además de asumir crecientes costos en seguridad, mientras compiten con actores que no están sujetos a las mismas exigencias ni controles.
La presidenta de la ACCJ también puso énfasis en la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos organismos del Estado. Señaló que, aun cuando exista información sobre dónde operan estas actividades, las fiscalizaciones tardías, la fragmentación de competencias y la demora de los procesos pueden impedir que esos antecedentes se traduzcan en resultados concretos.
Asimismo, planteó que el Estado debe entregar señales claras y consistentes frente a quienes operan al margen de la ley. Sostuvo que una respuesta más efectiva frente a la ilegalidad requiere mejores herramientas de fiscalización, una regulación adecuada, mayor capacidad de gestión y una coordinación efectiva entre las instituciones competentes.
