Peligrosa, pero no sorprendente es la normalización que hacen de esta actividad.
Un estudio reciente de la Corporación de Juego Responsable, Copreventive y la Red Preventiva constata una realidad inquietante: el 14% de los adolescentes chilenos (12 a 17 años) ha apostado en línea en los últimos 12 meses, cifra que se incrementa a 34%, en jóvenes de entre 18 y 24 años, y a 51%, entre los 25 y los 32 años. Casi todos han visto publicidad de apuestas en redes sociales, más de la mitad sigue a influencers que promueven apuestas y el 96% declara que apostar en línea es “muy fácil”. Se trata, pues, de un fenómeno extendido, que crece con rapidez y sin control, incluso entre adolescentes que no alcanzan a dimensionar sus riesgos.
La legislación nacional es clara: toda forma de juego de azar está prohibida, salvo autorización expresa del Estado. Sin embargo, el país convive con centenares de plataformas extranjeras que operan sin licencia, sin fiscalización y sin barreras de acceso para menores. El reciente fallo de la Corte Suprema, que ordenó a los proveedores de internet bloquear varios de estos sitios, reafirma esa ilegalidad. Pero la medida enfrenta severas dificultades de cumplimiento: cada portal clausurado es reemplazado casi de inmediato por otros nuevos, lo que mantiene viva una industria que se mueve abiertamente al margen de la ley y casi burlándose de ella. Tan insólita es la situación, que estas plataformas son un importante financista del deporte, que auspicia a equipos de fútbol y a programas deportivos, pese a un evidente conflicto de intereses.
De este modo, no es extraño que una actividad con el potencial de generar conductas adictivas y un impacto social relevante, aparezca peligrosamente normalizada a ojos de muchos jóvenes, vinculada a algunas de sus mayores aficiones e ídolos. En este contexto, la idea de ser solo un “microapostador” —quien arriesga pequeñas sumas en breves sesiones— crea una falsa sensación de inocuidad, pero su repetición constante favorece la dependencia y trivializa el peligro. Los efectos van mucho más allá de lo económico, porque comprometen la salud mental, el autocontrol y el desarrollo emocional.
Frente a esta realidad, resulta indispensable que el Estado asuma con decisión su deber de proteger a los jóvenes y hacer cumplir la ley. Por difícil que resulte la fiscalización, el avance de la tecnología debe hacer posible limitar de manera efectiva el acceso a estas plataformas. Cuestión más controvertida es la de cómo abordar el tema del juego legislativamente. En cualquier caso, si el camino frente a las apuestas en línea ha de ser el de una regulación de la industria, esta no puede entenderse como una mera forma de blanquear a quienes hasta ahora han operado en los extramuros de la legalidad. De lo que se trata es de dar protección eficaz a los menores de edad, junto con establecer necesarias restricciones a la expansión de esta actividad.