Historia
La Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) es la asociación gremial que reúne a los casinos privados que operan a lo largo de todo Chile al alero de la Ley N° 19.995. La ACCJ surgió en 2009, luego de la primera licitación de licencias y la conformación de los casinos concesionados. Hoy cuenta con 16 socios que representan el 67% del total de casinos del país y sobre un 70 % de la participación de mercado, con establecimientos de Iquique a Punta Arenas que contribuyen a la economía y empleo regional y al desarrollo del turismo con una amplia oferta de entretenimiento.
Representar a la industria de los casinos en Chile, destacando su aporte en el crecimiento económico sostenible de las regiones y desarrollo de sus comunidades.
Promover a la industria chilena de los casinos de juego como un referente en el desarrollo sustentable y competitivo; impulsando un juego responsable, legal y transparente, y fomentando el crecimiento y profesionalización de los sectores de juego y hospitalidad, y su entorno.
Impulsar toda actividad que promueva el desarrollo competitivo, crecimiento y protección de la industria concesionada de casinos de juego en el país.
Representar los intereses de los asociados ante organismos públicos y privados, tanto a nivel nacional como internacional.
Promover políticas públicas y buenas prácticas para el desarrollo sustentable del sector.
Ser el organismo de apoyo técnico de sus asociados.
Mantener relaciones de colaboración y alianzas estratégicas con otras asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas afines.
Dar a conocer a la opinión pública el aporte de la industria, sus logros, contribución a las comunidades y los intereses de los asociados.
Promover el desarrollo e implementación del juego responsable de acuerdo con estándares internacionales.
El 7 de enero del año 2005 se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile la ley Nº 19.995, que estableció las Bases Generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego.
La historia de los casinos es de larga data en Chile. El primer casino propiamente tal es el de Viña del Mar, cuyos orígenes se encuentran en el año 1914, cuando el intendente de Valparaíso Alberto Mackenna señaló que la creación de un casino potenciaría a la ciudad. Tras años de debate, fue inaugurado el 31 de diciembre de 1930. Le siguieron Arica en 1960, Puerto Varas en 1970, Coquimbo en 1976 y en 1990 se autorizó el establecimiento de casinos de juego en las comunas de Iquique, Pucón y Puerto Natales. Todos estos casinos operaban al alero del municipio local.
En enero de 2005, a través de la ley Nº 19.995, se establecieron las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, lo que implicó que a los siete casinos municipales que existían hasta ese momento (autorizados cada uno a través de leyes especializadas), se sumarían casinos amparados bajo la respectiva ley, de modo tal que la industria quedara conformada por un máximo de 24 casinos en el país. Se excluye de ese límite la comuna de Arica, donde no hay restricciones al número de casinos.
A lo largo de los años, los casinos licitados se han consolidado como un referente en la hospitalidad y entretenimiento. Aparecieron hoteles, restaurantes, centros de convenciones y salas para eventos que vinieron a complementar la oferta global de esparcimiento. La inversión en infraestructura desde la primera licitación ha superado los US$ 2.000 millones, con capitales chilenos y extranjeros.
Tal como estaba previsto en la ley, los casinos se han convertido en motores importantes del turismo a nivel regional, fomentando la descentralización mediante el desarrollo y operación de infraestructura hotelera en distintas zonas de nuestro país.
Las regiones además, se ven directamente beneficiadas en términos económicos, ya que el 20% de los ingresos brutos del juego se destina a la comunidad, distribuyéndose en partes iguales entre el gobierno regional y la comuna en que se emplaza el establecimiento. Otro 19%, el IVA, va al Fisco. Se estima que la industria pagaba en promedio unos US$ 300 millones anuales en impuestos antes de la pandemia, y que se han generado más de 20 mil empleos directos de calidad en las regiones de Chile.
US$1.500 millones fue la inversión en infraestructura gracias a la llegada de capitales chilenos y extranjeros en la primera licitación.
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