Proyecto de ley que regula este negocio busca resguardar a los usuarios, aumentar la recaudación fiscal y promover el juego responsable.
Las plataformas de juego en línea “son ilegales en Chile”, salvo las de la Polla, Lotería y Teletrak. Así de directos fueron la Superintendenta de Casinos de Juego (SCJ), Vivien Villagrán, y el director del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera, durante una conferencia realizada este jueves para abordar el tema. Aunque no dieron marcas ni nombres, si describieron sus perfiles. “Son plataformas dirigidas al público chileno, muchas con terminación .cl, que permiten el pago en moneda de curso legal en Chile; es decir, apuntan al público nacional”. En el país se puede apostar en línea, entre otras, en plataformas como Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin, Betway, 1xBet, Bet365 o Latamwin, pero las autoridades señalaron que hay unas 800 disponibles. Según la SCJ y el Sernac, estas plataformas requieren una ley específica que las autorice para operar, ley que no existe.
“Al tener carácter de ilegales, las y los consumidores que acceden a este tipo de servicios se exponen a eventuales incumplimientos y estafas; por ejemplo, premios que no se entreguen o condiciones ofrecidas que no se cumplan”, advirtió el director del Sernac, Andrés Herrera. En tal sentido, agregó Villagrán, “nos parece altamente relevante alertar a la ciudadanía acerca de los riesgos a los que se exponen al realizar apuestas en línea al margen de la ley”. “Requieren una ley, porque así se asegura que la plataforma cuenta con un estándar que permite verificar que el resultado de esas apuestas es el que es y que se entregarán los premios. Además se garantiza que no accederán menores de 18 años”, explicó Villagrán. “Junto con ello, se establece el pago de los impuestos respectivos, con lo cual el fisco recauda lo que debe recaudar”, agregó. El tema es relevante si se analiza el perfil del apostador chileno.
De acuerdo a un estudio de la Asociación Chilena de Casinos de Juego de abril de este año, realizado por Unholster y Mori, uno de cada dos chilenos apuesta en forma física u online. Aunque no existen datos sobre montos, al tratarse de un mercado inorgánico, la SCJ señaló a la Comisión de Economía en enero que la recaudación de impuestos podría llegar a los US$ 140 millones. Entre la SCJ y el Sernac han recibido más de 200 denuncias de apostadores. El 7 de marzo de 2022 se presentó un proyecto de ley para regular las plataformas de apuestas en línea, al que el actual gobierno realizó algunas indicaciones “orientadas al resguardo de la fe pública, que implica altos estándares técnicos y de supervisión, aumentar la recaudación fiscal; evitar tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo; y promover el juego responsable y prevenir el juego problemático”, señaló Villagrán.
La réplica
Carlos Baeza, abogado que representa a las plataformas Betsson, Betano, Coolbet y Latamwin, da el punto de vista de las cuatro casas en línea. “Un primer punto es que las plataformas de apuestas en línea son perfectamente legales porque no están expresamente prohibidas, requisito que se establece en derecho privado, que es el que aplica en estos casos. Esto independiente de que no estén reguladas, lo que no significa que sean ilegales. La regulación la estamos empujando en el Congreso para que el proyecto respectivo avance”, indica. Respecto a que estas apuestas no garantizarían resguardos, Baeza plantea que las cuatro casas que él representa sí lo hacen al estar certificadas en el exterior.
“Pero efectivamente, al no haber regulación en Chile para los juegos en línea, no hay barreras de entrada para que cualquier compañía pueda ofrecer este servicio”, asume. “Lo que queremos es que se establezcan estándares mínimos de operación, que garanticen a los usuarios y entreguen las certezas de que se cumplirán todos los estándares que regulan esta actividad internacionalmente”, agrega. En cuanto a impuestos, Baeza indica que las compañías que representa, al estar domiciliadas en el extranjero, deben pagar el IVA digital, cosa que hacían hasta diciembre del año pasado, cuando el Servicio de Impuestos Internos les bloqueó la opción de tributar argumentando que son ilegales.
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